Estipulaba a que las empresas informen al Gobierno sobre las adicciones, enfermedades, nivel educativo y composición familiar de cada trabajador.
El gobierno porteño decidiófinalmente modificar el polémico decreto por el cual le ordenaba a las empresas instaladas en la Ciudad de Buenos Aires que informaran sobre las adicciones de sus trabajadores.
La noticia se difundió a través de un comunicado del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, que confirmó la supresión del Registro de Empleadores on line, creado a través del decreto 625.
La medida que había adoptado el jefe de gobierno Mauricio Macri consistía en la creación de un registro que exigía a los empresarios privados a presentar información del ámbito laboral, pero también del personal de sus trabajadores.
Con relación a los empleados, el decreto estipulaba que las compañías debían brindar información sobre adicciones, enfermedades, nivel de educación, y composición familiar.
Horas antes de conocerse el el cambio, especialistas en derechos humanos habían criticado el decreto al considerar que esa norma podía "violar el respeto al ámbito privado" que contempla la Constitución Nacional.
El abogado especialista en derechos humanos Alejo Ramos Padilla explicó que la medida "es un claro avance en desprecio del artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla sobre el respeto al ámbito privado de cualquier persona".
Ramos Padilla consideró que se trata de "una medida innecesaria", y dijo que "como toda acción discriminatoria, no tiene fundamento", luego de que el pasado miércoles se publicara el decreto 625 en el Boletín Oficial.
"Uno de los últimos informes del Inadi destaca como se criminaliza a la persona que tiene una adicción, imagínese la posible reacción de un empleador al conocer la vida privada de su trabajador", sostuvo Padilla.
Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón aseguró que la medida "viola el derecho a la intimidad explicitado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la que la Argentina adhiere, y a la propia Constitución Nacional".
Según el letrado, "tanto el Ministerio de Trabajo porteño como Macri deberían preocuparse por controlar el modo en que las empresas porteñas desarrollan sus formas de trabajo, tal como sucede en los talleres clandestinos, que poca importancia le ha dado".
El registro creado mediante el decreto 625 tenía como ejes centrales la "Información legal del empleador; Información socio laboral; y Acciones proyectadas para el periodo".
Además, aseguraba que "la confidencialidad de los datos ingresados se garantiza en virtud de lo normado por la Ley Nacional N° 17.622 y la Ordenanza N° 35.386".
Pese a ello, desde las entidades empresarias también expresaron su rechazo, y denunciaron que el registro creado por Macri "viola las libertades y derechos individuales de cada persona, y utiliza a las empresas como si fueran un instrumento para extraer información".
"Los empresarios Pymes consideramos incorrecto tener que completar planillas sobre nuestros empleados, informando sobre sus adicciones e intimidades a los organismos oficiales de la Ciudad", advirtieron dirigentes del Regional Buenos Aires de APYME, en un comunicado.
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