MAR DEL PLATA.- Balas de goma y gases lacrimógenos dominaron el violento desalojo que la policía llevó adelante ayer en un barrio en construcción que, desde principios de este año, estaba usurpado por 56 familias.
Más de 200 uniformados participaron del operativo que se concretó en horas de la tarde, una vez que los habitantes del predio -que estuvieron apoyados por más de 150 militantes de organizaciones sociales- insistieron en mantenerse en el lugar y no acatar la orden judicial.
El operativo concluyó con 25 manifestantes detenidos, incluido el abogado que representa a los ocupantes de las viviendas. Todos fueron derivados a la comisaría 4a., donde anoche se definía la situación procesal de cada uno de ellos.
El desalojo se iba a concretar a las 10, pero hubo reuniones durante más de seis horas para lograr que los habitantes del barrio correspondiente al Plan Dignidad, situado en el El Martillo, abandonaran las casas que habían ocupado el pasado 15 de enero.
Esos inmuebles estaban en avanzado estado de construcción, pero la obra quedó paralizada hace casi dos años por un inconveniente con la empresa a cargo de la ejecución del barrio.
Una vez leída la orden judicial solicitada por la fiscal Graciela Trill, un grupo integrado por efectivos de Infantería, encabezado por el capitán Gustavo Salvá, jefe de la Distrital Centro, avanzó sobre los militantes de organizaciones sociales que se habían alineado frente al cerco perimetral para evitar que la policía tomara posesión del lugar.
El despliegue de los uniformados derivó en un enfrentamiento con piedras lanzadas por los manifestantes, y balas de goma y gases lacrimógenos con los que respondió la policía.
Poco más de diez minutos llevó desalojar el barrio pero, durante más de una hora continuaron los incidentes en calles periféricas, donde hubo más choques.
Abogados de organizaciones que acompañan a quienes ocupaban las viviendas del Plan Dignidad aseguraron que el operativo de desalojo fue "criminal e inconstitucional" y ya anticiparon que insistirán ante la Justicia por excesos en los que se habría incurrido.
Por su parte, la abogada Gloria León, que representa a familias en causas de derechos humanos, dijo anoche a la agencia Télam: "Pediremos el informe por la detención del abogado Juan Pablo Gelemur y dos periodistas del diario Atlántico que fueron detenidos por la fuerza policial en el desalojo".
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