La Justicia ordenó no desalojar las carpas kirchneristas

Lo dictaminó el juez Roberto Gallardo; entre los argumentos sostuvo que "no está comprometida la circulación vehicular ni la seguridad pública, no sería objeto de reproche"
El juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño Roberto Gallardo ordenó hoy evitar el desalojo de las carpas montadas en la Plaza del Congreso que instalaron organizaciones a fines al Gobierno a favor de las retenciones. "Al momento de resolver he de tener presente que a la luz de lo acontecido en el pasado inmediato [corte generalizado de rutas y desabastecimiento], el nivel expresivo de la actual manifestación política, en la que prima facie no aparece comprometida la circulación vehicular ni la seguridad pública, no sería objeto de reproche", consideró en el fallo al que accedió Télam. El magistrado aclaró que "no significa esto que el Gobierno local carezca de poder de policía, ni tampoco que los manifestantes, resulten de la extracción política que fuere, no deban cumplir con la normativa vigente". "Lo que sí corrijo es que ese poder de policía debe ser ejercido, en forma racional y prudente, atendiendo a la particulares circunstancias de cada caso", agregó en la medida cautelar que no resuelve la cuestión de fondo. El juez hizo lugar a una presentación concretada ayer por el legislador kirchnerista Diego Kravetz. "En el actual marco socio político, llevar a cabo el desalojo de los manifestantes no haría sino exacerbar los ánimos que con tino se intenta calmar desde el poder público Federal", evaluó el magistrado. Además, "es de rutina en la gestión judicial y también en la administrativa, la verificación de ciertos pasos progresivos antes de la toma de decisión del desalojo compulsivo (inspección, intimación, corrección, etc)". Por ello Gallardo aludió a la "mesura en pro de la paz debe primar en la decisión de quienes tienen el alto mandato de hacer cumplir la Constitución". Es decir, "la decisión judicial, debe, teniendo en cuenta el marco socio político imperante, lograr un equilibrio entre la seguridad pública y el derecho de expresión de los manifestantes, todo ello en aras de contribuir a la pacífica y democrática resolución de los diferendos suscitados". Y siguió: "He de considerar muy especialmente, el criterio sustentado por el actual Jefe de Gobierno en ocasión del mega evento realizado por la iglesia evangélica en fechas 14 y 15 de marzo de 2008 (Buena Música y Buenas Noticias - Pastor Luis Palau) y que mereciera la autorización oficial en un expediente de rápida resolución (Dec. 185/08)". En dicha resolución "el actual mandatario local, dispuso que la entidad organizadora..."será responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daño o accidentes que pudieran surgir". Además, añadió: "Nótese que en el caso que menciono, el Gobierno de la Ciudad, autorizó el emplazamiento de un gigantesco escenario sobre la Plaza de la República y permitió la interrupción de la circulación vehicular total y parcialmente según los horarios y las jornadas, desde el día 6 de marzo y hasta varios días después de finalizado el evento, con las consiguientes afectaciones de derechos de los ciudadanos porteños". En el caso actual, la colocación de carpas frente al Congreso Nacional, "no se verifican ninguna de las situaciones apuntadas: no existe hasta el momento interrupción en la circulación automotor ni se ha impedido la circulación peatonal, conforme surgiría de las constancias anejadas". Gallardo aludió a un "criterio de razonabilidad" en base al cual "podría colegirse que las mismas premisas permisivas y las delegaciones de responsabilidad efectivizadas en el caso traído a ejemplo, podrían válidamente trasladarse" a este planteo. Pese a que reconoció que debe pedirse autorización para este tipo de instalaciones, el juez evaluó que "no es menos cierto que la dinámica política y la necesidad de la expresión pública hacen muchas veces inaplicable a rajatabla dicha norma". Y recordó los cortes de los "caceroleros" que impidieron el tránsito en calles porteñas y la "libre circulación peatonal y vehicular, y no se tiene noticia que el gobierno de la Ciudad haya denunciado policialmente dicha circunstancia y pretendido el desalojo forzado de los manifestantes". "En ese supuesto, el Gobierno si ha tenido en claro lo espontáneo de la dinámica política y ha actuado con debido tino al no solicitar su represión. De lo que se trata es justamente de igual trato". Por último el juez ordenó al cuerpo de Bomberos de la Policía Federal que inspeccione las estructuras montadas para determinar su seguridad y "evitar situaciones accidentales".